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Por Miguel Puello
Santo Domingo Norte. Independientemente de que la Procuraduría General de la República seleccionara entre los adversarios políticos internos y externos del gobierno, la decisión adoptada por el Juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, fue correcta.
El hecho de que en la misma hayan imputados que gocen del afecto y del cariño mío, no nos puede llevar a perder el rumbo y la orientación política en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Caso Odebrecht
El Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht , en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países de áfrica y América Latina: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
El Magistrado Francisco Ortega, manejo magistralmente la audiencia de medida de coerción solicitada por la Procuraduría General de la República y dio muestra de ser respetuoso de los derechos de los imputados al permitir que en la fase de conocimiento de medida de coerción, la defensa y los imputados se expresaran sobre asuntos relacionado con fondo.
No hay ninguna duda de que su decisión de imponerle la medida de coerción de prisión de un año en la Victoria para Ángel Rondón por ser la persona que entregaba los sobornos, nueve meses para Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga, Seis meses para el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; Andrés Bautista, presidente del PRM y ex presidente del Senado y el ex diputado Ruddy González, quienes deberán cumplir la medida de coerción en Najayo Hombres, para César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y a Máximo D Oleo, tres meses en la misma prisión.
Para Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Dominicano de Aguas Potables (Inapa), atendidendo a su estado de salud, le impuso nueve meses de arresto domiciliario. A los legisladores, Tommy Galán -San Cristóbal- y Julio César Valentín -Santiago, y el diputado -DN- Alfredo Pacheco, quien fue presidente de la Cámara de Diputados, por disfrutar de la inmunidad parlamentaria le impuso el pago de una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida, todos acusados de sobornos y otros ilícitos vinculados al caso Odebrecht.
La decisión es positiva, envía una señal a la clase política para que entienda que su elección, escogencia o designación en un cargo publico no es para que se apropien de los recursos del Estado.
Como el Juez declaro el caso complejo, desde que le notifiquen la decisión, los imputados tienen un plazo de 20 días para recurrir en apelación, el ministerio público tiene 8 meses para ampliar la investigación y presentar acusación y si encuentra a otros culpables, proceder a solicitarle medida de coerción.
La ciudadanía debe mantenerse alerta frente a las actuaciones de quienes a partir de ahora tienen la responsabilidad de continuar el proceso, la marcha verde debe continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad
