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Por Dr. Víctor Garrido Peralta.
Santo Domingo, RD. – Imagine al Estado dominicano como un hospital colosal. En su centro, un corazón llamado Servicio Nacional de Salud (SeNaSa) bombea recursos vitales para mantener con vida a 7.5 millones de afiliados. Hoy, ese corazón late con arritmia, drenado por hemorragias financieras y contaminado por infecciones de corrupción. Y cuando el corazón falla, todo el organismo social se tambalea.
SeNaSa no es una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) más: es la mayor administradora de riesgos de salud del país, responsable del 71 % del mercado.
Pero sus cifras muestran un cuadro clínico de paciente en cuidados intensivos: morosidad en pagos que saltó del 0.97 % en 2020 a más del 44 % en 2024; un déficit acumulado de RD$3,372.8 millones, suficiente para levantar 15 hospitales completos; y beneficios desplomados en un 82 % en solo un año. Lo que comenzó como una insuficiencia operativa se ha convertido en un fallo sistémico.
La paradoja es brutal.
Mientras hospitales públicos esperan meses por sus pagos, en 2024 el 86.2 % de los desembolsos de SeNaSa fueron a prestadores privados, un incremento de siete puntos frente a 2019.
Clínicas privadas recibieron RD$35,879 millones en cinco años, con un alza del 224 %, y los pagos a médicos privados aumentaron en 541 %.
Mientras tanto, las salas de hospitales estatales se oxidan sin insumos ni equipos.
Es como mantener la suite VIP impecable, mientras las salas comunes carecen de oxígeno.
Los escándalos no son accidente, sino síntoma de un sistema permeado por la opacidad.
Una investigación oficial documentó más de 4,000 procedimientos ficticios y pacientes fantasmas.
Entre RD$362 y RD$724 millones fueron desviados en sobornos a través de contratos de seguridad.
Cada peso drenado equivalió a medicinas negadas, cirugías suspendidas o diagnósticos tardíos.
No hablamos de números abstractos: hablamos de vidas.
La duplicidad estatal agrava el cuadro.
Mientras SeNaSa agoniza, el Banco Central, Banreservas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) mantienen sus propias ARS.
Es como si un mismo cuerpo intentara sobrevivir con tres corazones: costoso, ineficiente y condenado al colapso. Países caribeños como Jamaica o Barbados han demostrado que un sistema unificado es más equitativo y sostenible. República Dominicana, en cambio, se aferra a la fragmentación.
El contraste internacional es aleccionador.
Costa Rica invierte de manera estable entre 5.3 % y 5.6 % del PIB en salud, logrando sostenibilidad y acceso universal.
Panamá destina entre 5 % y 6 %. Nosotros, apenas 2.7%. Chile, desde 2005, implementó garantías explícitas y controles de gestión que blindaron su sistema. Colombia redujo en 60% el fraude con auditorías digitales.
Uruguay permite a cualquier ciudadano consultar en tiempo real cada peso invertido en salud. Aquí, en cambio, la ciudadanía se entera de los fraudes años después.
Si seguimos así, los expertos proyectan que el déficit de SeNaSa superará los RD$20,000 millones en 2030. La siniestralidad no crece porque los dominicanos estén más enfermos, sino porque el sistema tolera facturación inflada, servicios fantasma y contratos amañados.
La consecuencia la paga el afiliado: la embarazada sin control prenatal, el niño con neumonía que espera horas, el diabético sin medicamentos.
¿Qué hacer?
No bastan decretos ni auditorías internas. Se requiere cirugía mayor: Auditoría forense internacional de los últimos cinco años, con participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y entidades independientes.
Marco legal específico contra el fraude en salud, con sanciones ejemplarizantes —como en Costa Rica, donde se castiga con hasta 15 años de prisión. Unificación de todas las ARS estatales bajo SeNaSa, eliminando duplicidades y generando economías de escala.
De igual forma, un fondo de estabilización financiera, para garantizar pagos oportunos a hospitales y médicos.
Sistemas de información abiertos y en tiempo real, donde cada ciudadano pueda ver qué se gasta, en qué y con quién. Responsabilidad penal y política de los funcionarios negligentes, con sanciones inmediatas a quienes manipulen cifras o toleren irregularidades.
La salud pública es la arteria principal de la nación. Sin ella, el cuerpo social se necrosa.
Una SeNaSa quebrada significa un sistema de salud quebrado para millones de dominicanos. No podemos permitir que el corazón del sistema se detenga por corrupción, ineficiencia y desidia política.
Los dominicanos merecemos una SeNaSa que cure, no que enferme; que proteja, no que robe; que una, no que divida. El diagnóstico ya está hecho.
El tratamiento exige valentía política, transparencia absoluta y justicia sin excepciones. Porque la salud no es un gasto contable: es la inversión más rentable en dignidad, productividad y futuro.
Y cuando un país deja morir a su sistema de salud, lo que agoniza no es solo la institución: es la esperanza de todo un pueblo.
