miércoles , julio 15 2020

La elección por el voto proporcional de nuestros diputados/as

Por Nicolás Fortunato.
Santo Domingo Norte. – En las elecciones del próximo domingo 5 de julio el país escogerá la cantidad de 190 diputados/as, tal como nos plantea el artículo 81 de la constitución de la República, 178 congresistas serán electos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia; 5 diputados/as a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos.

La ley determinará su distribución; Siete diputados/as elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución.

Sin embargo, la elección de los diputados/as no es por el voto de la mayoría simple, ya que nuestra Carta Magna establece: “que las elecciones se harán según las normas que señale la ley, por voto directo y secreto, y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos”. (Art. 209).

En enero la Junta Central Electoral emitió la resolución No. 0312020 sobre voto preferencial, representación proporcional y uso del Método D’Hondt, para la adjudicación de escaños en las elecciones del 2020. Estableciendo en dicha resolución que serán elegidos por mayoría simple de votos los senadores, alcaldes, vicealcaldes, director y subdirector de distrito municipal. Mientras que por el sistema proporcional, diputados (representantes de provincias, nacionales y del exterior) y representantes parlamentarios internacionales, regidores y suplentes de regidores y vocales.

El Articulo 4 de la Ley 157-13, expresa la forma en que se hará la determinación de escaños a diputados/as, regidores/as y vocales será utilizando el método de proporcionalidad D’Hondt, con el fin de garantizar la representación de las minorías.

La citada resolución disponer que, en los mismos procesos del 2020, para la elección de los candidatos/as a Diputados/as de las provincias, Regidores/as municipales y Vocales de Distritos Municipales se aplicará la representación proporcional en la determinación de la cantidad de los cargos que correspondan a cada partido, adjudicando aisladamente dichos cargos al partido o alianza de partidos cuyo factor de elección para esa posición sea el más elevado.

Plantea que la cuantificación de escaños obtenidos por cada partido se hará mediante el factor de elección de cada partido o alianza de partidos, calculado en base al Método D’Hondt. Este factor de elección, mientras no le haya sido adjudicado ningún cargo a cada partido, será el número total de votos por el obtenido; la mitad de dicho numero desde que le haya sido adjudicado un (1) cargo: la tercera parte de su votación total, cuando tenga adjudicados dos (2) cargos; la cuarta parte después de que le haya sido adjudicados tres (3) cargos; la quinta parte cuando le hayan sido adjudicados cuatro (4) cargos, y así sucesivamente hasta que todos los cargos hayan sido adjudicados.

Para algunos candidatos, que se imaginaban que después de eliminarse el arrastre entre el diputado y el senador, la elección de los diputados/as sería por simple mayoría, con esta resolución, se demuestra que no será así y que los mismos tendrán que ir a una competencia interna y externa, con la responsabilidad de ayudarse mutuamente los candidatos de un mismo partido, ya que necesitan el voto acumulativo para competir con los otros partidos por la mayor cantidad de escaños, por lo que los candidatos que tienen ciertas fortalezas tendrán que ingeniársela para ayudar a sus compañeros menos potable.

El Tribunal Constitucional dominicano, en su Sentencia TC/0582/15, del 14 de diciembre de 2015, señaló que: “j) (…) si bien el derecho a elegir y ser elegido constituye una prerrogativa fundamental que le asiste a todo ciudadano, ese derecho debe ser ejercido dentro de los parámetros legales establecidos para tales fines, los cuales deberán estar revestidos de legalidad, de un objeto legítimo y de proporcionalidad”.

A pesar de que el voto es personal, libre, directo y secreto, y es un derecho que le asiste al ciudadano, ya hemos planteado que los derechos fundamentales no son absolutos y que la misma constitución o las leyes se encargan de regular dichos derechos.

Además, la corte de Derechos Humanos en el caso Yatama vs Nicaragua, resuelto mediante sentencia del 23 de junio de 2005, donde estableció que el derecho a elegir y ser elegible no es absoluto y, por tanto, el mismo puede ser regulado, decisión de la cual extraemos el siguiente texto: “De acuerdo al artículo 29.a de la Convención no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos, de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente en la conducción del Estado o se torne ilusoria dicha participación, privando a tales derechos de su contenido esencial.

La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos.

Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones.

De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo y ser proporcional a ese objetivo.

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